Afirma que no tiene proceso judicial abierto en Perú, no acude a las citaciones, ni envía un representante legal. A 14 mil kilómetros de distancia él vive muy bien. ¿Si el niño es el bien mayor, por qué una madre debe pasarse años reclamando lo que le toca a su hijo por derecho?
Delito por omisión a la asistencia familiar es así como se tipifica el impago de la pensión de alimentos de las personas a cargo, entre ellos, principalmente, los hijos menores de edad. En Perú, Aquellos padres que luego de separarse, olvidan que sus ‘bendiciones’ comen, estudian, se enferman y necesitan llevar una vida digna, son condenados por este concepto y según el Código Penal pueden ser castigados con 3 años de prisión efectiva.
Deuda y deudor
Alberto Aguirre Herrera, peruano residente en Barcelona, conocido en la comunidad de compatriotas de esta ciudad por ser miembro fundador de ACPES, Asociación Cultural de Proyección y Extensión Social Hispanoamérica en el Mundo y por su difusión de la marinera a través «Marinera por el Mundo», podría ser condenado a prisión por delito de omisión a la asistencia familiar por no pagar la pensión de su hijo entre los años 2011 y 2018. Según la liquidación judicial, Aguirre debe 115,129.60 soles a Sandra García, su expareja y madre de su hijo.
Audiencia desoída
Este 5 de junio pasado la 1ra. Fiscalía Penal Provincial de Trujillo convocó una audiencia a la que debía asistir Aguirre Herrera acompañado de su abogado «bajo apercibimiento de corresponder aplicar el artículo 60 del Código Penal Peruano» (prisión afectiva). Ni Aguirre, ni su abogado se presentaron a la audiencia, con lo cual, de estar en Perú en estos momentos podría estar siendo encarcelado, máxime cuando no ha cumplido con pagar la deuda que se le reclama y ni siquiera la reconoce.
Y Aguirre Herrera no reconocería la deuda que tiene con su hijo en Perú porque no sólo no se presentó a esta audiencia, sino que además, en una brevísima conversación telefónico con teleoLeo.com afirmó que no tenía ningún proceso abierto en Perú y tras decir esto la llamada se cortó.
Luego de la comunicación fallida, Aguirre Herrera se comunicó vía messenger, ratificó que no tiene ningún juicio de alimentos en Perú, explicó que la llamada se había cortado porque le entró otra, pero igualmente escribió: «No me interesa hablar contigo, gracias».
Los documentos hablan
Sin embargo, Aguirre Herrera, sí que ha sido demandado en Perú por delito de omisión a la asistencia familiar, y él lo sabe, por lo menos, desde el 10 de septiembre de 2018, día en el que firmó el acta de entrega de exhorto del segundo juzgado especializado en familia del departamento de La Libertad. Estas solicitudes judiciales para ubicarlo y notificarlo han sido enviadas al Consulado de Perú en Barcelona desde 2016.
La pensión para el niño Aguirre García, estipulada por un juzgado de Barcelona, ha sido ratificada en Perú, pero, según afirma la madre del menor, Aguirre, excepto una vez, nunca ha cumplido con pagar las mensualidades para su manutención. «El vive a lo grande», manifestó ella en la entrevista, «pero no le importa si su hijo come o no pues no cumple con pagar la pensión de 325 euros fijados por la justicia catalana».
La demandante
TeleoLeo.com también entrevistó a Sandra García, la expareja de Aguirre, con ella la conversación fue más extensa, nadie cortó, ni se cortó. Ella sí quiso explicar su historia y las carencias que vive con su hijo desde que decidió tenerlo. En la entrevista ella afirma que de los 13 años y medio de vida de su pequeño, Aguirre «sólo pagó un mes la pensión y eso ocurrió porque le embargaron la cuenta».
Según un informe de la Defensoría del Pueblo, de julio de 2018, en Perú hay 3512 expedientes de procesos de alimentos; 3347, o sea el 95.3% han sido presentados por mujeres y según la última encuesta demográfica del INEI, el 67,4% de las mujeres demandantes tendrían como único ingreso dicha pensión. Esta dura realidad confina a la pobreza absoluta a los niños involucrados en estas querellas, por eso la justicia peruana habló de celeridad en la resolución de estos casos, sin embargo, tardar 3 años para fallar una demanda de alimentos es demasiado tiempo.
En este caso la razón de la demora es que, si bien es cierto, Sandra García sabía que su expareja vive en Barcelona con su esposa e hijos mayores, no tenía su dirección exacta y, por eso, no podía ser notificado, sin embargo, el problema no estaría en si se sabía, o no, la dirección de Aguirre, el problema está en la forma en que se llevan a cabo las diligencias para la realización de las reclamaciones de alimentos a padres que viven en el extranjero.
Engorrosos e ineficientes exhortos
En la actualidad, cuando los deudores de alimentos residen en el exterior, la justicia peruana notifica al Ministerio de Relaciones Exteriores y ellos envían solicitudes a consulados y embajadas a fin de que los denunciados sean notificados, sin embargo, el caso de Aguirre negándose a aceptar los exhortos demuestra que el procedimiento falla, pues las misiones diplomáticas no tienen poder coercitivo para que los morosos acepten las notificaciones, con lo cual, las demandas se alargan o pueden incluso desestimarse.
Y que Aguirre «fuese desconocido en el domicilio indicado en el documento», tal y como dice la ex cónsul de Perú en Barcelona, Franca Deza, no es un detalle sin importancia, Aguirre y esposa, debido, a ser él miembro fundador de ACPES, según señala esta organización en su Facebook y ella presidenta de esta organización, participan en las recepciones y ceremonias realizadas por el consulado.
En las fotos siguientes podemos ver a Aguirre y a su esposa en sendos eventos, uno de ellos es la inauguración de la nueva sede consular el año 2015. En ambas fotos están acompañados de cónsules adscritos a esta delegación.
Así que podría ser cierto lo que Sandra García dice en la entrevista: «Tanto la cónsul general como los cónsules adscritos me ha dicho que él no aceptaba la notificación y que se reía en sus caras».
ACPES, además, es una de las organizaciones peruanas registradas en el Consulado de Perú en Barcelona.
No más impunidad
Toda esta burla al sistema de comunicación de denuncias demuestra que las cosas tienen que cambiar y que tenemos que aprender de países como España que en estos casos tienen establecido un procedimiento, de juzgado a juzgado, para el requerimiento internacional de pensiones alimenticias. Sin alejarnos mucho, en Ecuador se contemplan tres formas de reclamar la pensión de alimentos a padres que residen en el exterior, una de ellas es directamente a la justicia del país donde reside el deudor.
Según fuentes del consulado de Perú en Barcelona, de 30 exhortos que reciben al mes, 28 son por deudas de alimentos.
El Perú debería reflejarse en estos países y realizar convenios bilaterales de cooperación judicial en materia civil, allí donde hay mayor inmigración de connacionales, como España, Chile, Argentina, EEUU, Italia y Japón, para poder obligar a los padres irresponsables a que se hagan cargo de las obligaciones que tienen con sus hijos, además se debería realizar un convenio adicional que permita a las madres autorizar la salidas de sus hijos del país, porque al no poder ubicar al padre no tienen la autorización que necesitan para poder viajar con ellos.
Otra medida que podría establecerse es que mientras dura el proceso judicial por alimentos, los padres requeridos no puedan renovar sus documentos de identidad tanto los peruanos como los del país donde reside y se pudiese embargar sus cuentas. Tampoco se le debería permitir renovar su pasaporte. Con estas restricciones los morosos se pondrían a derecho y el bien supremo, que es el menor, estaría en verdad protegido.
teleoLeo.com 
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