El juez que no podía decidir. Más de 12 horas de lectura no han bastado a Rafael Martínez Vargas para decir si enjuiciará a Alberto Fujimori y exministros de Salud por las esterilizaciones forzadas

Texto y vídeoentrevista: Leonor Pérez-Durand

Tras 3 farragosas audiencias, cientos de testimonios y documentos probatorios, el magistrado mantiene en ascuas a las denunciantes de la brutal política que impusó en sus cuerpos el mandato de esterilidad que marcó su vida física, emocional y social. En la presente nota teleoLeo.com recoge el testimonio de una mujer que fue repudiada por su pareja y tuvo que criar sola a sus 4 hijos. Ella, además, sufre varias dolencias producto de la intervención

«A los 26 años me esterilizaron y eso precarizó mi salud. Por la intervención dejé de generar hormonas y mi organismo se ha ido deteriorando, tengo artrosis en hombros, rodillas y columna; y sufro descalcificación. Pero mis compañeras de provincia sufren aún más porque ellas no tienen el acceso a los servicios de Salud que tenemos en Lima».

Maria Elena Carbajal es una de las más de 300.000 mil mujeres esterilizadas a la fuerza durante el gobierno de Alberto Fujimori, en Perú. El expresidente condenado a 25 años de prisión por violación de derechos humanos en las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, donde so pretexto de la lucha contra el terrorismo fueron asesinados estudiantes universitarios y personas que participaban de una actividad social en la cual había niños.

El 18 de septiembre de 1996 Maria Elena Carbajal fue a dar a luz a su cuarto hijo y según afirma no fue bien atendida. «Yo quedé con prolapso de segundo grado, mi hijo nació con 4.180 Kg y fue un parto muy duro para mí. Tenían que haberme hecho una cesárea, pero no lo hicieron ni siquiera me ayudaron rasgándome, a eso hay que sumarle todas las secuelas físicas que me ha causado la esterilización que yo nunca quise».

Según el testimonio de Carbajal, recogido por teleLeo.com en una video entrevista, luego de haberla hecho sufrir en el parto la presionaron para que se esterilizará. «Yo veía a todas las madres con sus hijos y pedí que me trajeran al mío, pero nada. Me preguntaron cuántos hijos tenía y me insistieron para que me operara, prácticamente condicionaron la entrega de mi hijo a que me dejase esterilizar».

Maria Elena se operó, pero aún así su hijo no aparecía, luego de varias horas y de buscar por todo el hospital su suegra lo encontró. «Cuando mi suegra al visitarme supo que no me daban a mi hijo gritó, exigió que me lo entregaran, ella misma lo buscó y lo encontró en un lugar alejado de la zona donde estaban los recién nacidos; me lo trajo envuelto en una bata de adulto, casi cianótico y ya hasta sin fuerzas para llorar».

Secuelas

Las secuelas físicas no son las únicas con las que tenido que convivir Maria Elena Carbajal desde que la esterilizaron, también ha tenido que afrontar el abandono del padre de sus hijos, el estigma social de parte de los peruanos que no asumen que esta práctica fue un política de Estado ilegítima que invadió el cuerpo de las mujeres que no brindaron un consentimiento informado para que las esterilizarán.

«Cuando el padre de mis hijos fue al hospital le dije que no me dejaban ver a mi hijo y que me habían operado, él creyó que yo había hecho eso para serle infiel, me insultó y se fue, sin importarle que mi hijo no aparecía, si no hubiese sido por mi suegra […]». Dos días después, como la pareja de Maria Elena no daba señales de vida ella no podía salir de alta, tenía una deuda que pagar. Otra vez su suegra acudió en su ayuda.

Una vez fuera del hospital ella decidió que lo mejor era ir a vivir con su madre y sus 4 hijos, y en ese momento dice: «Comenzó mi Odisea». Sola y con una carga materna considerable ella asegura que tuvo que trabajar el doble y hasta el triple para cuidar de sus hijos, debía cubrir sus necesidades materiales y emocionales. Criar a un hijo es cosa de dos, criar a cuatro siendo madre y padre es un reto inconmensurable.

Resiliencia social

Pero Maria Elena Carbajal no sólo es una de las víctimas de esta política que se cebo con las mujeres pobres, del interior del país, en su mayoría quechuahablantes y sin acceso a salud y educación; ella es también la presidenta de la Asociación de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas de Lima y Callao, AMPAEF La Nacional y su testimonio es parte de los que vienen publicando teleoLeo.com sobre este tema.

Audiencias interminables e injustas

En marzo de 2021 comenzaron las audiencias de la denuncia entablada por 1.307 mujeres en contra de Alberto Fujimori y sus ministros de Salud: Alejandro Aguinaga, actual congresista; Eduardo Yong Motta y Marino Costa Bauer, así como funcionarios del sector Salud que tuvieron responsabilidad en la ejecución de esta política. Luego de sustentada la denuncia por la fiscalía y de haber pasado 7 meses, el juez Rafael Martínez Vargas aún no decide si juzgará al expresidente y sus ministros.

Rafael Martínez Vargas lleva ya presidiendo 3 audiencias, de más de 4 horas cada una, en las que viene explicando jurisprudencia respecto a si debe considerar las leyes internacionales para juzgar a Fujimori y sus exmisnistros por delitos de lesa humanidad en el caso de las esterilizaciones forzadas. Su farragosa sustentación tienen en ascuas a las denunciantes perdidas en su fraseo legal.

A la denuncia presentada por 1.307 mujeres, habría que sumarle una segunda denuncia, que presentarían las mujeres del Registro de Víctimas de las Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO).

El REVIESFO se inició en 2016 durante el gobierno de Ollanta Humala y tenía como objetivo empadronar a las mujeres que fueron esterilizadas sin su consentimiento. Las mujeres inscritas en el mismo son 3.761 mujeres.

  • 1389 en el departamento del Cuzco
  • 918 en el departamento de San Martín
  • 841 en el departamento de Huancavelica
  • 488 en el departamento de Ayacucho
  • 368 en el departamento de Huánuco
  • 340 en el departamento de Piura
  • 250 en el departamento de Junín
  • 198 en el departamento de Cajamarca
  • 136 en el departamento de La Libertad
  • 113 en el departamento de Lima
  • 56 en el departamento de Moquegua

Nueva fecha, un retraso más

Para este lunes 11 de octubre estaba planteada la cuarta audiencia en la que el juez Martínez seguiría con su sustentación, sin embargo, la cita ha sido suspendida porque en Perú se están tomando un fin de semana largo por el feriado del 8 y 12 de octubre y ahora la agonía se alarga hasta el día 18. Maria Elena Carbajal y sus compañeras no saben si ese día el juez emitirá, por fin, su decisión.

Las mujeres sometidas a la mal llamada “Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV)” son revictimizadas con el trato que están recibiendo por parte de la justicia peruana. Han esperado más de 20 años para que sus historias formen parte de un expediente fiscal, ya es momento de que el juez exprese su decisión con diligencia y claridad, justicia que tarda no es justicia. ¿Será que al juez Rafael Martínez Vargas, a pesar de las pruebas y los testimonios que le han presentado aún no le queda claro lo ocurrido?

Aquí una ayudita que confirma que las AQV fueron política de Estado

Según el documento “USAID y Esterilización Involuntaria en Perú”, publicado por la periodista norteamericana Elizabeth Liagin, quien investigó y escribió sobre planes de planificación familiar aplicados a conveniencia de occidente, en las campañas de esterilización de Perú participaron: la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) on una donación de $ 10 millones y la Fundación NIPPON (organización japonesa sin fines de lucro).

Liagin también reveló que «los archivos internos de USAID muestran que en 1993 Estados Unidos, prácticamente se hizo cargo del sistema nacional de salud del Perú. El acuerdo bilateral, “Proyecto 2000” suscrito en 1993 por autoridades peruanas y estadounidenses, colocó a Estados Unidos durante 7 años en una posición ventajosa, pues un examen de ese documento demuestra que USAID-PERÚ, la oficina en Lima de USAID, estuvo en control del sector de salud peruano, antes y durante los años en que los abusos tomaron parte».

AQV: “eugenesia” estatal

Pero fue la investigación de 20 años realizada por la abogada peruana Gulia Tamayo la que documentó que las esterilizaciones forzadas además de financiación internacional dedicada exclusivamente a su realización, tuvo también planes de aplicación, metas, objetivos y estuvo direccionada a un grupo poblacional y género concretos: mujeres pobres, del interior del Perú y con bajo nivel educativo. Tamayo publicó sus hallazgos en el reporte de derechos humanos Nada Personal (1999).

Raro, raro, raro

Por todo esto se hace mucho más extraño que el juez Rafael Martínez no emita ya su decisión. ¿Qué más investigación, qué mayor evidencia espera, qué ha de pasar para que vea la luz y sepa que lo único que interesa ahora es hacer justicia y reparar a las denunciantes de esta brutal y racista política de control de la natalidad de uno de los sectores más desfavorecidos de la población peruana? ¿Qué ha de pasar para que el juez se ponga del lado de las víctimas y no las haga esperar más?

Esperemos que este 18 de octubre el juez diga que iniciará investigación judicial y que ponga fecha para el juicio oral en contra de Alberto Fujimori, Alejandro Aguinaga, actual congresista; Eduardo Yong Motta y Marino Costa Bauer, así como los funcionarios denunciados. Los crímenes cometidos contra nuestro pueblo no deben quedar impunes. Los miles de testimonios recogidos por la fiscalía, los casos incluidos en el REVIESFO, deben servir para que el juez Rafael Martínez Vargas decida pasar a la historia como el juez que permitió la reparación de tanta brutalidad.

También leer: Esterilizaciones forzadas en teleoLeo.com

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