Texto y vídeo entrevista: Leonor Pérez-Durand/Periodista
Los Estados modernos neocoloniales europeos ejercen su poder decidiendo quién vive y quién muere, y cómo vive y cómo muere. No se trata de la muerte sólo como transición a otro plano, sino también de la muerte como la negación a una vida digna y respetuosa de nuestra individualidad y de las familias que formamos, especialmente si somos migrantes, marrones y vulnerables
La tutela de hijas e hijos de madres migrantes es parte de la necropolítica que ejerce España y los países de la UE, contra aquellas que reconoce como diferentes y a quienes les niega agencia para decidir sobre sus vidas y las de sus criaturas. Y hablo de mujeres porque la mirada neocolonial también es patriarcal y se ceba contra las migrantes que maternan solas y cuyas crías les son arrancadas para que mantengan su lugar en el escalón más bajo de la maquinaria productiva del capital.
Linda Porn, migrante mexicana en España, mujer, madre soltera y «puta»; es una de esas mujeres a las que se le negó agencia para cuidar de su hija, pues sabiéndola sin familia y redes de cuidado, en un país que no era el suyo, la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia de Catalunya, la DGAIA, le arrebató la tutela de su hija, le suspendió su patria potestad y durante casi 5 años las mantuvo separadas.
«La DGAIA me quitó a mi hija diciendo que yo estaba loca, que no ejercía bien mi maternidad, que no teníamos casa y era falso, vivíamos en un piso de l’Eixample de Barcelona, que no es mala zona […] se llevaron a mí hija al otro lado del país para arrancarme de su vida […] la recuperé cuando tuvo 15 años, tras ser ingresada por una tragedia que sufren muchos niños tutelados, y no porque me la devolvieran sino porque escapó».
Informes psicosociales revictimizantes generan violencia institucional
La resolución de desamparo, documento con el cual la administración asume la tutela de niñas y niños, y suspende la patria potestad de las y los progenitores, se sustenta en informes psicosociales en los que casi siempre se habla de la falta de herramientas para maternar de las madres migrantes y de su vulnerabilidad económica; y esto último ocurre aunque la ley señala que la pobreza no es motivo para tutelar menores de edad.
«Artículo 18. Actuaciones en situación de desamparo
2) […] La situación de pobreza de los progenitores, tutores o guardadores no podrá ser tenida en cuenta para la valoración de la situación de desamparo. Asimismo, en ningún caso se separará a un menor de sus progenitores en razón de una discapacidad del menor, de ambos progenitores o de uno de ellos.
¿Protección o negocio?
Las y los menores de edad al ser tutelados son depositados en centros residenciales o en familias de acogida, y por cada uno de ellos la administración recibe entre 3 mil y 9 mil euros mensuales para su manutención.
La cantidad de dinero está relacionada con las necesidades de cada menor de edad, sin embargo, según los testimonios de extutelados con algún tipo de neurodivergencia o necesidad especial, a los que ha tenido acceso teleoLeo.com, ellas y ellos dicen que no recibían ningún tipo de terapia ni apoyo en los estudios.
Alberto es ejemplo de ello, tutelado desde los 13 años de edad, permaneció en un centro hasta los 20 por tener un grado de discapacidad cognitiva y denuncia haber sido víctima de violencia física y psicológica en los centros en los que estuvo.
Además, según colectivos de ayuda y lucha contra las tutelas injustificadas, cada vez que la administración tutela a una o un menor de edad recibe 68,000€ para «gastos de instalación».
El dinero proviene en un 70% de fondos de la UE y 30% del Estado, y se supone que debería ser destinado al bienestar de las familias y al combate de la pobreza infantil, sin embargo, se usa para el pago de plazas en centros administrados -en su mayoría- por empresas privadas, y para pagar a las familias de acogida.
Cabe resaltar que mientras las administraciones también reciben estas cantidades para cuidar de las y los hijos de las mujeres migrantes, ellas por su vulnerabilidad económica, si no tienen residencia legal en el país o si no tienen un certificado de ser víctimas de violencia de género, no reciben ningún tipo de ayuda estatal.
Violencia de género y violencia institucional
Lo contradictorio es que tanto las mujeres migrantes, como las nacionales, cuando denuncian haber sido víctimas de violencia de género sus hijas e hijos les pueden ser arrancados por la administración, revictimizando y violentando desde las instituciones a mujeres e infancias.
En el caso de las mujeres migrantes esta violencia institucional causa mayor daño, porque muchas veces no tienen más familia que la pareja que las violenta y sus criaturas, con lo cual las hace candidatas perfectas para el despojo de sus hijas e hijos.
Todo esto ocurre a pesar de que la LOPIVI, la ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, dice que la violencia sufrida por la mujer no debe ser motivo para apartarla de sus hijas e hijos.
Lopivi/Artículo 29. Situación de violencia de género en el ámbito familiar
2. Las actuaciones de las administraciones públicas deben producirse de una forma integral, contemplando conjuntamente la recuperación de la persona menor de edad y de la madre, ambas víctimas de la violencia de género. Concretamente, se garantizará el apoyo necesario para que niñas, niños y adolescentes, de cara a su protección, atención especializada y recuperación, permanezcan con la mujer, salvo si ello es contrario a su interés superior
No conocer el castellano también es fuente de violencia institucional para las madres migrantes
En Madrid, una mujer china, víctima de violencia de género y madre de dos criaturas fue a pedir ayuda a servicios sociales, porque estaba sola y necesitaba trabajar, le hicieron firmar una guarda voluntaria escrita en castellano, cuando sabían que lo hablaba a duras penas, y recluyeron a su hija e hijo en un centro; cuando se estabilizó y quiso recuperarles la mandaron a aprender castellano.
En la resolución desamparo de este caso, la administración señala que la madre no ha cumplido con el plan que le han puesto para recuperar a sus a sus hijos, que ha sido víctima de violencia de género y que prioriza mejorar su situación económica; sin tomar en cuenta que es una madre migrante sin una red de soporte en el país y al ser el sostén de sus hijos, obviamente debe tener entre sus prioridades en tener ingresos.
En este caso la administración también falló al separar a los hermanos, porque según ley, los hermanos bajo tutela no se separan; pero claro, una mujer que no hablaba ni leía castellano poco podía saber el texto de la ley
España no aplica los convenios internacionales sobre tutela de menores de edad migrantes
La administración no respeta lo estipulado en los convenios internacionales de tutela de menores de edad para determinar la jurisdicción con potestad para decidir sobre la guarda y patria potestad de los menores de edad migrantes, pues no comunican estos casos a su consulado o al de sus progenitores. Además, violan el artículo 6 del Convenio Europeo de DD. HH., pues las madres migrantes no son notificadas en su idioma natal.
Salud mental afectada
Las tutelas también están siendo causa de afectación en la salud mental de quienes viven esta espiral de violencia institucional que comienza quitándote a tus hijos y termina destrozándote la vida, hasta posiblemente, acabar con ella y es que es necesario anotar, que aunque no hay un registro que señale la causas de suicidios, madres, padres y menores de edad, tanto nacionales como extranjeros, se están quitando la vida ante la desesperación y la impotencia de la separación y del desarraigo sin fecha de extinción.
Cifras del dolor y el desarraigo
Sólo en España, según el último Boletín que contiene los datos estadísticos de 2022, sobre las medidas de protección a la infancia y la adolescencia, son 35,238 los menores de edad que han sido separados de sus familias por la administración, so pretexto de salvaguardar su «interés superior»; de ellas y ellos, 9529 son extranjeros y en su mayoría -a diferencia de las niñas y niños españoles- se encuentran ingresados en centros residenciales.
El 44% de menores de edad tutelados bajo la modalidad de acogimiento residencial, es decir, en centros, son niñas y niños extranjeros.
Sólo el 12% de niñas y niños extranjeros están siendo tutelados bajo el régimen de acogimiento familiar, es decir, por familias extrañas a la suya.
Estas cifras revelan la discriminación, racismo y xenofobia ejercida contra las y los menores de edad extranjeros, pues en su mayoría ellas y ellos al ser tutelados no son puestos bajo el cuidado de una familia, núcleo potencialmente más cálido para su crecimiento, sino que son colocados en centros residenciales donde el trato es más impersonal y donde a falta de supervisión adecuada corren peligro de sufrir violencia sexual, trata y hasta de caer en diferentes tipos de adicciones.
Problematizando los números para entender porqué decimos que España y Europa ejercen la necropolítica sobre los cuerpos de las mujeres migrantes y de sus criaturas
- Según el Instituto Nacional de Estadísticas español, el INE, la población nacida en el extranjero -que vive en España- supone sólo un 15,5% de la población total.
- Según el último Boletín que contiene los datos estadísticos de 2022, sobre las medidas de protección a la infancia y la adolescencia, el porcentaje de extranjeros entre los menores tutelados por España es del 30%.
- En 2023, el 42,3 % de mujeres asesinadas en España fueron migrantes.
Sólo el pueblo salva al pueblo: organizaciones de ayuda
La situación de las mujeres migrantes marrones y negras es absolutamente precaria en España y Europa, sobre todo, si están indocumentadas, porque el único lugar al que pueden acudir para pedir ayuda son los servicios sociales u organizaciones como Caritas o Cruz Roja.
El problema es que cuando caen en el radar de la administración, sus hijas e hijos se convierten en carne de tutela, y cuando son despojadas de sus criaturas, no hay muchas organizaciones a las que pueden acudir, por eso se creó el Colectivo Madrecitas, del cual Linda Porn nos habla en la entrevista concedida a teleoLeo.com, a ellas se las puede encontrar en Instagram: https://www.instagram.com/madresbcn/; y se encargan de dar soporte legal y emocional a las madres migrantes que lo necesiten.
A nivel global también tenemos la Fundación Por Aymara, creada para orientar a las madres migrantes en cómo defenderse usando los convenios supranacionales y, por lo mismo, de obligado cumplimiento por la administración y la justicia de los países firmantes. teleoLeo.com es parte de esta fundación sin animo de lucro, y para cualquier pedido de ayuda o información pueden escribirnos directamente a la página de la fundación Fundación Por Aymara, o a info@poraymarafoundation.org.
¿Qué podemos hacer desde la sociedad civil?
Como sociedad nos corresponde informarnos más y sin prejuicios sobre el tema de la tutela de menores de edad, y no quedarnos con el sanbenito de: «Por algo le habrán quitado a los hijos», porque visto lo visto, «la creatividad» de la administración, en la interpretación de las leyes que rigen la protección de las infancias, nadie está excento de que sus hijas e hijos les sean arrancados.
Como sociedad también nos corresponde respetar las diversas maneras de criar. Europa no puede seguir incapacitando a las otras maternidades, las que no cumplen con sus parámetros, las que tienen otras expresiones y maneras de nutrir y de hacer. El miedo a la migración y a sus diferencias no puede ser causa para que nuestras hijas e hijos sean criados en un entorno donde se les desculturice y desarraigue.
Las criaturas deben crecer con sus madres, excepto que estas sean un real e inminente peligro comprobado y, de serlo, la primera opción para hacerse cargo de ellas y ellos son su familia extensa, no un impersonal centro residencial o una familia extraña donde, en el caso de las y los menores de edad inmigrantes pierden, además, su identidad y hasta su lengua.
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