Texto: Leonor Pérez-Durand
Xenofobia y aporofobia, es eso lo que exuda el Proyecto de Ley presentado por el congresista de FP, Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu, uno de los dos elegidos por los peruanos en el exterior, que propone crear el registro de inmigrantes en situación irregular porque, según afirma, son la causa del incremento de la criminalidad en el país
Fuerza Popular (FP), el partido que tiene un ex presidente que migró para no rendir cuentas al país y ahora paga con 25 años de prisión sus crímenes, sigue en su línea de discriminación y criminalización de la migración y la pobreza, porque lo único que les importa es sumar votos azuzando la xenofobia y aporofobia del pueblo y, por eso, ahora proponen crear «el registro nacional de inmigrantes ilegales a cargo del Ministerio del Interior». El registro, además, sería público.
Juan Carlos Martín Lizarzaburu Lizarzaburu es el congresista de FP que ha presentado el Proyecto de Ley (PL) para que los «inmigrantes ilegales» sean identificados y para ello, «los connacionales tienen la obligación de informar a la autoridad policial», es decir, de aprobarse, podría desatarse una caza de brujas pues toda peruana y peruano que sepa de la existencia de un inmigrante indocumentado tendría la «obligación» de delatarlo.
«Los ciudadanos peruanos y/o residentes que conozcan sobre la permanencia irregular de extranjeros en el territorio nacional deberán informar a la autoridad policial, procurando la identificación de los ilegales y/o su lugar de permanencia», señala el proyecto. Entre quienes firman el PL está el controvertido exministro de Salud de las esterilizaciones forzadas, Alejandro Aguinaga Recuenco.
Lizarzaburu en su PL demuestra gran desconocimiento del significado de las palabras, pues por un lado señala que las y los peruanos tendrían la «obligación» de dar parte a la policía sobre el nombre y localización de las y los inmigrantes indocumentados y por el otro dice que «deberán» y deber y obligación no son sinónimos. El deber es una imposición moral propia, voluntaria detrás de la cual puede -en algunos casos- haber imposición legal, en cambio, detrás de la obligación siempre está la ley.
Las personas no son ilegales
Otra palabra mal usada por el congresista en su PL es «ilegal» como atributo personal. Las personas no son «ilegales», porque la ilegalidad implica criminalidad y ser inmigrante no implica ser un delincuente per se. El artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce, en dos apartados, el derecho a la libre circulación de las personas, tanto el derecho a la movilidad interna, como a la externa.
- “Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado”, en referencia a la migración interna. El segundo, añade que
- “Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”, esto en clara referencia a la migración internacional.
Decir que una persona es ilegal es discriminatorio pues sólo se denomina así a las y los inmigrantes pobres y con la finalidad de negarles derechos básicos, como atención médica o educación. Denominar a alguien como ilegal es influir para que la opinión publica y la publicada le estigmaticen por dejar su tierra, sin tener en cuenta que muchas personas dejan sus países no sólo para mejorar su vida, también para salvarla.
Decir «inmigrantes ilegales» lleva a la sociedad a creer que, por el simple hecho de estar indocumentados están cometiendo delito y deben ser castigados y no. Las razones para dejar la propia tierra no siempre son voluntarias, hay quienes lo hacen por la situación política, social y económica o porque por su posición en la sociedad su vida corre peligro dentro de un determinado régimen, si es el caso, esa persona pasa de ser inmigrante a ser refugiada.
«El problema que se pretende resolver»
El Proyecto de Ley citas cifras del INEI para decir que en los últimos años han llegado una gran cantidad de inmigrantes al Perú, 963.528, de ellos el 84,4% son personas venezolanas y en la actualidad, afirman, «no hay ni información ni estadística y, mucho menos, un registro de las instituciones públicas sobre los extranjeros que ingresan o residen de manera ilegal e indocumentada en nuestro país».
Sin embargo, los venezolanos que han migrado pueden solicitar al estatus de refugiados, entre tanto, según ACNUR, Agencia de la ONU para refugiados, los solicitantes pueden acceder a la «calidad Migratoria Humanitaria que se otorgará al solicitante de refugio de nacionalidad venezolana si reúne las condiciones establecidas en la Ley de Migraciones y la Resolución Ministerial N° 0207-2021-RE».
También se considera refugiados humanitarios a las personas que no reuniendo las condiciones para ser reconocidas como tal, «se encuentran en situación de alta vulnerabilidad y que no hayan estado involucradas en la comisión de delitos», así que si lo que se quiere es identificar a los inmigrantes venezolanos indocumentados con el discurso de expulsaros del país, esto no se puede hacer si no tienen una condena.
«Los refugiados que se encuentran legalmente en el territorio del Estado sólo pueden ser expulsados por razones de seguridad nacional y orden público».
La protección de los refugiados y la migración mixta
Mujeres Migrantes Maltratadas las más afectadas
Quienes sí que podrían ser las y los grandes afectados son el resto de inmigrantes que se encuentran en situación irregular en Perú, pues al no provenir de Venezuela no están automáticamente considerados dentro los extranjeros con derecho a refugio humanitario, con lo cual, al ser delatadas y delatados sólo se agravaría su precaria situación.
Muchas de estas personas extranjeras en situación irregular son las mujeres que integran el colectivo Mujeres Migrantes Maltratadas, quienes en su mayoría llegaron a Perú como pareja de un connacional y al acabarse la relación, no pueden renovar su residencia porque según las leyes migratorias peruanas es la pareja nacional la que avala la renovación.
Al no poder renovar la residencia por sí mismas, no pueden acceder a un trabajo y si no pueden demostrar solvencia económica tampoco pueden acceder a la residencia. La situación se complica, aún más, cuando estas mujeres son madres, pues quedan atrapadas en el país porque los padres de sus criaturas, generalmente, no dan permiso para que se las lleven y si lo hacen les interponen juicios por sustracción internacional de menores.
De aprobarse este PL estas mujeres también serían las más afectadas porque Lizarzaburu dice que la aplicación de su proyecto antiderechos no costaría dinero al Estado, al contrario, sería fuente de recaudación porque el Ministerio del Interior cobraría multas a los inmigrantes indocumentados.
Criminalizando la pobreza
El PL también señala que la mayoría de personas indocumentadas que ingresan al país tiene una situación económica precaria y llegan al Perú «en busca de un futuro mejor para su familia», afirmación que es una perogrullada pues el objetivo de las migraciones es ese, mejorar las condiciones de vida. Millones de peruanos migraron en los 80 huyendo del conflicto interno que vivíamos y obviamente, buscando mejoría.
Con el afán de penar la pobreza, de la precaria situación económica, la redacción del proyecto pasa a la delincuencia, pues afirma que la falta de recursos y la no documentación lleva a la población inmigrante a tener trabajos informales, ergo, señala: mal pagados; lo cual según Lizarzaburu ha hecho que se «incremente el crimen en las ciudades del país debido principalmente a la acción delictiva de «inmigrantes ilegales»».
El 75% de la Población Económicamente Activa en Perú trabaja de manera informal, según cifras del INEI hablaríamos de alrededor de 6 millones de peruanos, a esto hay que sumarle que -también según el INEI- en 2022 uno de cada tres peruanos está en riesgo de pobreza.
Así las cosas, si interseccionamos las cifras del INEI, con la ‘lógica’ del PL, si somos poco más de 32 millones de peruanos, casi 11 millones están en riesgo de ser pobres; si a esto le sumamos los 6 millones de trabajadores peruanos informales: ¿tenemos 17 millones de potenciales delincuentes entre los connacionales ? O es que sólo son delincuentes los inmigrantes indocumentados pobres?
Orden público alterado
El PL también afirma: «[…] la acción delictiva de los inmigrantes ilegales ha venido alterando el orden público por la comisión de delitos graves tales como robo, sicariato, comercialización de droga, etc». Y para la acusación LIzarzaburu se basa en las cifras de un reportaje periodístico del programa Punto Final que cuenta en 2.500 los extranjeros presos en Perú, sin embargo, es preciso tener en cuenta que no todos estos extranjeros están indocumentados.
«Es por ello que la presente propuesta tiene como propósito crear el registro nacional de inmigrantes ilegales y establece obligaciones a los peruanos que informen de cualquier extranjero indocumentado, con el fin de propiciar que la autoridad los identifique, y tome las acciones que correspondan a efectos de salvaguardar la seguridad ciudadana y el orden público», continúa el PL y alimenta la xenofobia contra las y los venezolanos y no es que en conjunto sean santas y santos, pero lo que se ha de perseguir es el delito y al o la delincuente, no al colectivo.
Según cifras del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), hasta mayo de 2022 la población penal en Perú era de 88.071 personas, 2.969 personas extranjeras; o sea, las y los inmigrantes representan poco más del 3% de la población penal, así que no, los extranjeros no son los mayores responsables de la alteración «del orden público» ni los principales responsables del incremento de los niveles de criminalidad en el país.
Este es otro PL populista, discriminatorio, criminalizador, xenófobo y aporofobico; en suma, va contra los derechos humanos y, además, pretende obligar a peruanas y peruanos a convertirse en delatores. Redactar un PL basándose en la información de un reportaje periodístico, sin realizar un análisis más profundo y de legislación comparada, así como, de normas internacionales y supranacionales respecto al tratamiento de inmigrantes y refugiados, revela la mediocridad del trabajo de muchos congresistas. Esperemos que la iniciativa no prospere.
¿Quién es Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu?
No extraña que un PL xenófobo y aporofobico, por donde se le mire, salga de la cabeza calenturienta de un congresista peruano que le acepta invitación a VOX, partido que representa la rancia y castiza ultraderecha española, y que se hace fotos sonriendo con el capo di capi del grupo. (Foto: Caretas)
La invitación de VOX fue para participar en una sesión del Parlamento español donde, dizque, hablarían sobre la situación económica comercial entre ambos países y sobre la situación de los peruanos residentes en España. Hablar de ambos temas con VOX es una tomadura de pelo que bien podrían haber hecho por zoom o whatsapp.
Primero, VOX no tiene capacidad de propuesta ni de decisión en el comercio internacional; segundo a la ultraderecha española la única situación que le interesa respecto a los inmigrantes de nuestro país es expulsarlos de la península, porque gran parte de los que aterriza en Barajas lo hace en busca de una vida mejor, tal y como los inmigrantes venezolanos y de otras nacionalidades que llegan a Perú.
Lizarzaburu es también el congresista que envió una carta al rey de España, Felipe VI en la que torpemente dice que lo hace en su calidad de «representante de los peruanos residentes en Perú». La misiva era para, con todo el servilismo que le era posible, pedirle disculpas a Felipe VI por las palabras del presidente Pedro Castillo, quien «en su discurso inaugural tuvo desafortunadas palabras respecto al reino de España».
Lizarzaburu es uno de los dos congresistas elegidos por los peruanos residentes en el exterior y es también quien redactó el PL, donde propuso que: al igual que los parlamentarios de todo el país tienen 5 días de representación al mes para ir a sus regiones a recoger sus inquietudes, los congresistas elegidos por los peruanos en el exterior tengan 12 días al mes para visitar a sus votantes.
Lo más terrible de esto es que el PL ha sido publicado en el diario El Peruano como resolución legislativa, el 20 de enero de este año, con una ligera modificación, que la representación en el exterior sea sólo de 7 días. El viaje y la estadía, correrán, como no, a cargo de los bolsillos de toda la ciudadanía.
Sin embargo, una resolución legislativa es un acto parlamentario que regula casos de manera particular, concreta y específica, es decir, aprueba un viaje, no los viajes que no se sabe ni cuándo ni a dónde se harán. El artículo 48 del inciso j del Reglamento del Congreso vigente en 2020 señalaba que las proposiciones de resolución legislativa de autorización del viaje al exterior deben indicar lugar, motivos y fechas del viaje.
Y como una resolución legislativa no es la vía correcta para esto, el Congreso se ha afanado en redactar un nuevo reglamento, publicado en febrero de 2022, donde se incluye la resolución legislativa irregular autorizando los viajes mensuales al exterior de Lizarzaburu Lizarzaburu y Jorge Arturo Zeballos Aponte, el otro congresista que representa a los peruanos en el exterior.
El congresista viajero amigo de VOX también es coautor del PL que pretende regular la tenencia compartida automática y el que promueve la protección del embarazo y del niño por nacer. Lizarzaburu parece querer pasar a la historia como uno de los congresistas más antiderechos del Perú; tristemente, en estos momentos, en el país hay exceso de políticas y políticos que participan en la misma nefasta competencia donde pierden, como siempre, la ciudadanía y el país.
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